TRAGEDIAS LABORALES EN VACA MUERTA: LA OLA DE ACCIDENTES QUE CONMOCIONA A NEUQUÉN
- 23 nov 2025
- 9 min de lectura
La industria petrolera de Vaca Muerta atraviesa una seguidilla de accidentes laborales fatales que ha generado conmoción, indignación y reclamos urgentes de mayor seguridad.
En los últimos años se han multiplicado las tragedias en yacimientos y obras vinculadas al megaproyecto hidrocarburífero, dejando familias destrozadas y una sensación de impunidad. Como lamentó el hermano de una de las víctimas, “muere gente y no queda nada, sólo una familia destrozada”.
A continuación repasamos los casos más impactantes, la reacción social y sindical bajo el lema “¡Basta de muertes!”, y qué derechos asisten a las víctimas en busca de justicia.

Accidentes fatales recientes en Neuquén y Río Negro
En 2023 y 2024 se registró un récord trágico de muertes de trabajadores petroleros, el peor en 25 años en la Patagonia. Solo en 2024, cinco operarios fallecieron en Vaca Muerta durante sus tareas, a lo que se suman otros siniestros mortales en 2022 y 2025. Entre los casos más resonantes de los últimos tiempos se cuentan:
Explosión en refinería de Plaza Huincul (Neuquén, sept 2022) – Una explosión nocturna en la refinería New American Oil desató un incendio de gran magnitud, causando la muerte de 3 trabajadores y graves daños materiales. A tres años del hecho, las familias siguen reclamando respuestas y sanciones, en un caso emblemático de falta de controles en seguridad industrial. (Plaza Huincul está dentro del área de Vaca Muerta y esta tragedia fue el accidente más grave desde el inicio del megaproyecto).
Explosión de tanque en Catriel (Río Negro, feb 2024) – Un tanque de almacenamiento explotó en una planta de tratamiento en Catriel, provocando la muerte de dos operarios: Pedro Hugo Larravide y Eloy Alberto James.
Accidente en pozo La Amarga Chica (Neuquén, 2 de feb 2024) – El operario José Ignacio Quiles (45) fue atropellado por un camión mientras realizaba tareas junto a un contenedor en el yacimiento La Amarga Chica. El camionero dio marcha atrás tras sentir el impacto, pero Quiles falleció por las heridas.
Su hermano luego denunció negligencia y señaló que este tipo de casos suelen caratularse como homicidios culposos, con penas leves: “cuando no hay intención, la pena es menor... nadie va preso en Vaca Muerta”.
Accidente en equipo de perforación (Neuquén, 8 de oct 2024) – Miguel Ángel Fernández (40), operario de la contratista Nabors, murió al cortarse una linga (cable de acero) que sostenía tubería en un equipo de perforación (rig F19) del bloque Bajada del Palo Oeste, operado por Vista Oil & Gas. El cable de izaje se rompió inesperadamente y golpeó al trabajador. Aunque fue trasladado de urgencia al centro de salud más cercano (Catriel, RN), llegó sin vida.
Muerte de un capataz en el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (Río Negro, 20 de jul 2025) – Lidio Sánchez (71), capataz con décadas de experiencia, fue atropellado por una retroexcavadora mientras supervisaba la obra del nuevo oleoducto Vaca Muerta Sur, cerca de Allen (RN). El accidente ocurrió durante tareas de enterrar tuberías (“tapada de cañerías”) y sorprendió por la avanzada edad de la víctima, quien había salido de su jubilación para aportar su conocimiento en esta megaobra. Sánchez falleció en el lugar; sus compañeros inundaron las redes con mensajes de pesar, destacando su calidad humana y profesional.
Estas tragedias representan solo una parte de los numerosos incidentes ocurridos. También hubo fatalidades en rutas petroleras durante traslados de personal e insumos: por ejemplo, choques y vuelcos en las rutas 7 y 51 cerca de Añelo cobraron varias vidas de petroleros en 2024. Todo esto ha enlutado a Vaca Muerta y encendido alarmas sobre las condiciones de trabajo.
“¡Basta de muertes!”: indignación y reclamos en auge
Cada accidente fatal ha venido seguido de fuerte repercusión social y sindical. La muerte de Miguel Fernández en octubre de 2024 que hemos mencionado “paralizó las actividades en Vaca Muerta” con un paro total desde las 8 de la mañana siguiente convocado por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Bajo la consigna “Basta de muertes”, el gremio exigió medidas urgentes de seguridad y denunció condiciones laborales precarias.
El propio secretario general del sindicato, Marcelo Rucci, reveló un dato estremecedor: el departamento de Seguridad e Higiene del gremio ya había advertido sobre un desperfecto en el equipo de perforación donde ocurrió la tragedia de Fernández. Esa advertencia se había notificado tanto a la contratista (Nabors) como a la operadora (Vista). “Esperamos que hayan atendido el aviso porque, si no, estaríamos ante un hecho muy grave. Si no hicieron nada, es muy grave”, advirtió Rucci, sugiriendo que una eslinga defectuosa (linga no homologada) podría haber sido la causa del accidente. “Sabemos que si se corta una linga que no estaba en condiciones, es una muerte segura”, añadió, reflejando el malestar de los trabajadores ante posibles negligencias empresariales.
La bronca también crece por la falta de consecuencias penales y empresariales tras cada muerte. Los familiares claman por justicia efectiva. En palabras de Federico Quiles, hermano de José, “ya nos anticiparon que [legalmente] el resultado es un homicidio culposo por negligencia... Cuando no hay intención, la pena es menor. Nadie va preso en Vaca Muerta”. Esta sensación de impunidad indigna a la comunidad, máxime cuando 2023 marcó el pico histórico de fatalidades petroleras. “En 2023 es la estadística más alta de muertes en el petróleo en 25 años… demuestra que muchas medidas que se hacen no sirven”, sentenció Quiles.
Organizaciones independientes refuerzan este diagnóstico. El Observatorio Petrolero Sur reportó que 2022 tuvo 1.033 accidentes laborales en Neuquén (sector minas y canteras, principalmente petróleo), un salto del 29% respecto a 2021. Fue el número más alto desde 1997, evidenciando una preocupante tendencia al alza. Desde la “flexibilización” laboral pactada en 2017 para Vaca Muerta, se contabilizan 15 trabajadores petroleros muertos en yacimientos de la Cuenca Neuquina.
Sindicalistas y analistas atribuyen este aumento a la búsqueda de mayor productividad a costa de la seguridad: en la competencia por reducir costos, las operadoras y contratistas habrían relajado protocolos y sobreexigido al personal, con la venia de autoridades. “El desprecio de los empresarios por la vida e integridad de la gente es alarmante… La miserable indiferencia de quienes tienen poder de decisión destruye vidas de trabajadores”, denunció el sindicato en 2023 al lanzar un plan de lucha.
Fruto de la presión social, algunas respuestas oficiales han comenzado a emerger. Tras la muerte de Lidio Sánchez en julio de 2025, el gobierno rionegrino ordenó crear un Comité Mixto de Higiene y Seguridad para fiscalizar la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur. Este comité, con participación de empresas, sindicatos y Estado, buscará monitorear las condiciones laborales en toda la traza de la obra. Sin embargo, los trabajadores exigen soluciones más profundas: mejor capacitación, rigor en el mantenimiento de equipos, límites a las jornadas extenuantes y, sobre todo, que la vida humana deje de verse como una “variable de costo”.
Los derechos de las víctimas: ART, indemnizaciones y búsqueda de justicia
Detrás de cada accidente fatal en el trabajo hay familias que no solo enfrentan el dolor irreparable, sino también incertidumbre económica y legal. Como bien sabe el lector, los accidentes laborales están cubiertos por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que deben brindar prestaciones e indemnizaciones a las víctimas o sus derechohabientes. ¿Qué corresponde en caso de muerte de un trabajador?
Según el especialista en derecho laboral Dr. Ignacio Scilipoti, en estos siniestros la ART del empleador es la principal responsable de indemnizar a la familia por el fallecimiento. La indemnización básica está fijada por la ley de riesgos del trabajo e incluye gastos de sepelio, traslado y una suma dineraria calculada en función del salario de la víctima y su edad.
El pago suele destinarse primero a la cónyuge o conviviente y a los hijos menores. Además, independientemente de la ART, la empresa empleadora tiene la obligación de abonar la indemnización por muerte del trabajador que prevé el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo monto se determina por remisión al artículo 247, es decir, el 50% de la indemnización por despido que le hubiera correspondido al trabajador. Este monto extra por fallecimiento también debe ir a los familiares.
Ahora bien, más allá de estas reparaciones automáticas, ¿se puede exigir algo más? Muchos familiares sienten que lo pagado por la ART es insuficiente frente al daño causado, o buscan responsabilizar a la empresa si hubo negligencia en la prevención del accidente.
Acá hay un punto que conviene explicar con precisión, porque es materia de discusión y no de certeza. Existe una interpretación, que en el estudio sostenemos, según la cual los derechohabientes de un trabajador fallecido no están obligados a transitar la instancia administrativa previa ante las comisiones médicas, porque la Ley 27.348 no los incluyó expresamente en ese circuito. Es un argumento serio, pero no es un dato pacífico: hay tribunales que pueden exigir igualmente el agotamiento de esa instancia, y si el juez lo hace, la demanda se rechaza y la familia pierde tiempo, con la prescripción de dos años corriendo. Por eso, en cada caso concreto, la vía a elegir se decide con el expediente a la vista y midiendo ese riesgo procesal, no como una regla automática.
En los casos de fallecimiento, la experiencia del estudio es que conviene evaluar seriamente la vía judicial directa contra la ART y, si hubo negligencia en la prevención, también contra la empresa. Pero es una decisión estratégica que se toma caso por caso, no una recomendación general.
En la práctica, hoy la reparación civil por accidente de trabajo casi no se usa. ¿Por qué? Porque la Ley de Riesgos del Trabajo quedó reforzada con la Ley 26.773, cuyo artículo 3 agregó un adicional del 20% a la indemnización, y la mayoría va por la vía tarifada de la Ley 24.557 (con sus modificaciones), que es más rápida y no exige probar daño moral ni otros rubros. Una precisión importante sobre ese adicional, porque se malinterpreta seguido: el 20% del artículo 3 corresponde a los accidentes ocurridos en el lugar de trabajo o mientras el trabajador está a disposición del empleador, y NO corresponde en los accidentes in itinere, es decir los que ocurren yendo o volviendo del trabajo. Ese esquema vino, justamente, a "suplir" de forma sencilla lo que antes se intentaba discutir en una acción civil.
También se aconseja a las familias no apresurarse a firmar acuerdos con la ART o la empresa en los momentos inmediatos post-tragedia. Lamentablemente, es común que, “en su peor momento, con miedo por el futuro económico”, los deudos acepten acuerdos rápidos con poca información, renunciando a reclamos mayores.
Es fundamental buscar asesoramiento legal independiente antes de cerrar cualquier arreglo, para no renunciar a montos que sí corresponden. Muchas veces lo que hay que revisar no es “inventar” una acción civil, sino chequear que la ART haya aplicado bien la fórmula de la Ley 24.557 con el 20% extra de la Ley 26.773, que se hayan incluido los derechohabientes correctos y que la empleadora pague lo que marca la LCT por fallecimiento. Ese es hoy el camino que realmente se cobra.
¿Hay casos para discutir más? Sí, pero son puntuales: supuestos muy graves, accidentes mal encuadrados (por ejemplo, in itinere) o situaciones en las que se pueda demostrar una conducta especialmente reprochable. Fuera de eso, la reparación civil clásica por accidente de trabajo quedó casi en desuso.
Cada caso es distinto, pero el mensaje sigue siendo el mismo: la familia no tiene por qué aceptar lo primero que le ofrecen y puede hacer valer sus derechos con un abogado que conozca este esquema actual.
Un llamado urgente: priorizar la vida en Vaca Muerta
Los accidentes laborales en Vaca Muerta se han vuelto una problemática masiva que despierta odio e impotencia entre quienes viven del petróleo. Detrás del boom de inversión y producción en Neuquén, subyace un costo humano inaceptable. La sucesión de muertes –desde las explosiones hasta los operarios atropellados– exhibe falencias serias en la cadena de seguridad: desde equipos envejecidos o defectuosos, pasando por protocolos que no se cumplen, hasta ritmos de trabajo extenuantes. Cada obrero que no regresa a casa nos recuerda que el desarrollo no puede cobrarse vidas como peaje.
El público neuquino y rionegrino observa con mezcla de dolor y rabia cómo Vaca Muerta “aplasta vidas petroleras”, tal como tituló la prensa regional. Pero también crece la conciencia colectiva y la exigencia de cambios: los trabajadores se unen en huelgas históricas, las familias alzan su voz en la justicia, y la sociedad civil exige a gritos que la seguridad sea tan protagonista como los barriles extraídos. “¡Basta de muertes!” no es solo el lema de un paro, sino un clamor para que Neuquén y Río Negro impongan un freno a esta sangría.
Cada vida cuenta en el sur petrolero argentino: no hay megaproyecto que justifique mirar para otro lado. Las autoridades y empresas tienen en sus manos la responsabilidad de endurecer los controles, invertir en prevención y castigar la negligencia antes de que ocurra la próxima tragedia. La promesa de prosperidad de Vaca Muerta no puede construirse sobre tumbas; la prioridad debe ser que quienes trabajan en ella puedan hacerlo sin jugarse la vida.
Fuentes:
Diario Río Negro, LM Neuquén, La Mañana Cipolletti – Reportes periodísticos sobre accidentes fatales en Vaca Muerta.
TN y Diario San Rafael – Cobertura de la muerte de Miguel Fernández y contexto de las 5 muertes en 2024.
Observatorio Petrolero Sur (OPSur) – Informe sobre siniestralidad récord en Neuquén y flexibilización laboral desde 2017.
Declaraciones de Marcelo Rucci (sindicato) en LU5/Agenda Económica.
Entrevista en LM Neuquén a Federico Quiles (familiar de víctima).
